Dos años después del apagón analógico, la televisión va a sufrir otro seísmo tecnológico. El Gobierno quiere poner en marcha a la vuelta del verano una reestructuración de los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) que obligará a los usuarios a subir de nuevo a los tejados para adaptar las antenas colectivas. Además, deberán asumir el gasto de reorientar estos artefactos en 1,4 millones de comunidades de vecinos. El sector calcula que este proceso tendrá un coste medio que puede oscilar entre los 400 y los 500 euros por comunidad. Aunque en algunos casos la factura se puede disparar hasta los 2.000.
Los canales de TDT —públicos y privados— cambian otra vez de frecuencia y millones de espectadores tendrán que resintonizar las frecuencias si quieren seguir viendo la televisión. Para llevar a cabo esta transición este otoño, en fechas que no se han precisado, el Gobierno socialista había previsto una dotación pública de 800 millones de euros, pero el actual Ejecutivo ha metido la tijera a fondo. Para este año solo garantiza 45 millones de euros, la mayor parte (unos 40) destinados a subvencionar la antenización.
Adaptar las antenas colectivas será una tarea ineludible, ya que la televisión tiene que desalojar los canales que ahora ocupa (del 61 al 69) para que los utilice la telefonía de cuarta generación. Esta liberalización de espectro es lo que se conoce como dividendo digital.
Fuentes del sector sostienen que el coste de esta mudanza será menor que en el caso del apagón analógico porque los nuevos canales son más simples de distribuir. "La dificultad básica es que, si un cable es antiguo, los canales altos se pierden por la distribución, pero si estos cambian a unos más bajos, como el 38 o el 40, se antenizan mejor".
Industria ha abierto una consulta pública —cuyo plazo concluyó ayer— para evaluar "los costes sobrevenidos que se deberán soportar por las actuaciones necesarias [en los edificios]". Aunque depende de múltiples variables (infraestructuras, equipamiento, zona de residencia, número de vecinos), los antenistas calculan que el coste por edificio puede llegar en los peores escenarios a 2.000 euros. "Hay muchos usuarios que están hartos de tanto cambio y no quieren saber nada de lo digital", comentan en el sector.
Industria quiere saber dos cosas: primero, qué soluciones tecnológicas se pueden aplicar en las instalaciones comunes para que sus habitantes tengan acceso a la misma oferta que ahora, y segundo, su coste. Esta evaluación económica debe incluir de manera desglosada tanto las actuaciones en las infraestructuras del edificio como las instalaciones de los usuarios en el hogar.
Para lo que no habrá fondos públicos es para sufragar el simulcast (la emisión simultánea en el canal nuevo y el viejo mientras los usuarios resintonizan el dial). Las ayudas para este periodo (de unos seis meses) han sido declaradas no compatibles con el Tratado de la UE.
La Comisión Europea tiene pendiente de resolver una queja planteada por la empresa de satélites Astra en la que denunciaba que España había roto la neutralidad tecnológica al dar subvenciones a través de los planes de expansión de la cobertura de la red terrestre. "Estamos a la espera de la resolución definitiva. Aquellas ayudas eran discriminatorias", dice Luis Sahún, director general de Astra-España, que reclama una efectiva neutralidad tecnológica. "Pedimos un trato en igualdad de condiciones y que el satélite sea una forma más de ver la televisión en España, no solo en el sistema de pago sino también en abierto".
Para ahorrar costes, Industria quiere que los seis operadores privados que obtuvieron un canal múltiple de cobertura nacional (con cuatro diales cada uno) se acomoden ahora en cinco múltiples y compartan otro (u otros dos) para las emisiones de alta definición. Fuentes del sector consideran que la oferta del ministerio es una aberración. "Los operadores dejarían de tener un múltiple a su disposición. Ya no podrían gestionarlo de manera independiente según sus propios criterios. Es como si al propietario de un coche se le obliga a compartirlo con el vecino", explican.
El Gobierno intentó primero que Telecinco, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Veo y Net renunciaran a la mitad de sus canales. Su radical negativa —"sería una expropiación", dicen— ha llevado a Industria a cambiar el paso y los canales para que en el espacio de un múltiple (20 megabits) quepan más. En países como Alemania, los operadores de TDT han optado por emitir sus canales en alta definición a través del satélite. Las grandes compañías, como ZDF, ARD o RTL, han subido al satélite 14 canales en alta definición y suman ya dos millones de abonados.
El satélite pide paso
Las especiales condiciones orográficas de España llevaron a algunas comunidades a solicitar la ayuda del satélite para distribuir las señales de televisión cuando se produjo el apagón analógico. Cantabria fue una de las que optaron por este sistema. Convocó un concurso y se lo adjudicó a Astra en 2008. Más tarde canceló el contrato de forma unilateral. El Juzgado de Primera Instancia de Santander condenó al Gobierno al pago de 3,5 millones de euros a la empresa europea de satélites. Esta compañía solicitó la ejecución provisional de la sentencia, que fue autorizada por el juez. Pero Cantabria no paga. Dice que no tiene dinero.
Astra ha mantenido reuniones con miembros del Ejecutivo cántabro, aunque con poco éxito. "Les hemos dicho que el dinero nos interesa relativamente. Creemos que el servicio es necesario. Se ha comprobado con el paso del sistema analógico al digital y se está viendo con la llegada del nuevo apagón televisivo", asegura Luis Sahún, director general de Astra. Su propósito es "llegar a acuerdos" con la Administración autónoma para poner en marcha la solución del satélite. El nuevo Ejecutivo regional se escuda en que este es un asunto —ahora en manos de la Audiencia Provincial— heredado. Sahún afirma que en determinadas zonas de cobertura, el satélite "es más eficiente". "Y más a las puertas del segundo gran apagón televisivo", concluye.
FUENTE :http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/15/actualidad/1339789602_790729.html
Los canales de TDT —públicos y privados— cambian otra vez de frecuencia y millones de espectadores tendrán que resintonizar las frecuencias si quieren seguir viendo la televisión. Para llevar a cabo esta transición este otoño, en fechas que no se han precisado, el Gobierno socialista había previsto una dotación pública de 800 millones de euros, pero el actual Ejecutivo ha metido la tijera a fondo. Para este año solo garantiza 45 millones de euros, la mayor parte (unos 40) destinados a subvencionar la antenización.
Adaptar las antenas colectivas será una tarea ineludible, ya que la televisión tiene que desalojar los canales que ahora ocupa (del 61 al 69) para que los utilice la telefonía de cuarta generación. Esta liberalización de espectro es lo que se conoce como dividendo digital.
Fuentes del sector sostienen que el coste de esta mudanza será menor que en el caso del apagón analógico porque los nuevos canales son más simples de distribuir. "La dificultad básica es que, si un cable es antiguo, los canales altos se pierden por la distribución, pero si estos cambian a unos más bajos, como el 38 o el 40, se antenizan mejor".
Industria ha abierto una consulta pública —cuyo plazo concluyó ayer— para evaluar "los costes sobrevenidos que se deberán soportar por las actuaciones necesarias [en los edificios]". Aunque depende de múltiples variables (infraestructuras, equipamiento, zona de residencia, número de vecinos), los antenistas calculan que el coste por edificio puede llegar en los peores escenarios a 2.000 euros. "Hay muchos usuarios que están hartos de tanto cambio y no quieren saber nada de lo digital", comentan en el sector.
Industria quiere saber dos cosas: primero, qué soluciones tecnológicas se pueden aplicar en las instalaciones comunes para que sus habitantes tengan acceso a la misma oferta que ahora, y segundo, su coste. Esta evaluación económica debe incluir de manera desglosada tanto las actuaciones en las infraestructuras del edificio como las instalaciones de los usuarios en el hogar.
Para lo que no habrá fondos públicos es para sufragar el simulcast (la emisión simultánea en el canal nuevo y el viejo mientras los usuarios resintonizan el dial). Las ayudas para este periodo (de unos seis meses) han sido declaradas no compatibles con el Tratado de la UE.
La Comisión Europea tiene pendiente de resolver una queja planteada por la empresa de satélites Astra en la que denunciaba que España había roto la neutralidad tecnológica al dar subvenciones a través de los planes de expansión de la cobertura de la red terrestre. "Estamos a la espera de la resolución definitiva. Aquellas ayudas eran discriminatorias", dice Luis Sahún, director general de Astra-España, que reclama una efectiva neutralidad tecnológica. "Pedimos un trato en igualdad de condiciones y que el satélite sea una forma más de ver la televisión en España, no solo en el sistema de pago sino también en abierto".
Para ahorrar costes, Industria quiere que los seis operadores privados que obtuvieron un canal múltiple de cobertura nacional (con cuatro diales cada uno) se acomoden ahora en cinco múltiples y compartan otro (u otros dos) para las emisiones de alta definición. Fuentes del sector consideran que la oferta del ministerio es una aberración. "Los operadores dejarían de tener un múltiple a su disposición. Ya no podrían gestionarlo de manera independiente según sus propios criterios. Es como si al propietario de un coche se le obliga a compartirlo con el vecino", explican.
El Gobierno intentó primero que Telecinco, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Veo y Net renunciaran a la mitad de sus canales. Su radical negativa —"sería una expropiación", dicen— ha llevado a Industria a cambiar el paso y los canales para que en el espacio de un múltiple (20 megabits) quepan más. En países como Alemania, los operadores de TDT han optado por emitir sus canales en alta definición a través del satélite. Las grandes compañías, como ZDF, ARD o RTL, han subido al satélite 14 canales en alta definición y suman ya dos millones de abonados.
El satélite pide paso
Las especiales condiciones orográficas de España llevaron a algunas comunidades a solicitar la ayuda del satélite para distribuir las señales de televisión cuando se produjo el apagón analógico. Cantabria fue una de las que optaron por este sistema. Convocó un concurso y se lo adjudicó a Astra en 2008. Más tarde canceló el contrato de forma unilateral. El Juzgado de Primera Instancia de Santander condenó al Gobierno al pago de 3,5 millones de euros a la empresa europea de satélites. Esta compañía solicitó la ejecución provisional de la sentencia, que fue autorizada por el juez. Pero Cantabria no paga. Dice que no tiene dinero.
Astra ha mantenido reuniones con miembros del Ejecutivo cántabro, aunque con poco éxito. "Les hemos dicho que el dinero nos interesa relativamente. Creemos que el servicio es necesario. Se ha comprobado con el paso del sistema analógico al digital y se está viendo con la llegada del nuevo apagón televisivo", asegura Luis Sahún, director general de Astra. Su propósito es "llegar a acuerdos" con la Administración autónoma para poner en marcha la solución del satélite. El nuevo Ejecutivo regional se escuda en que este es un asunto —ahora en manos de la Audiencia Provincial— heredado. Sahún afirma que en determinadas zonas de cobertura, el satélite "es más eficiente". "Y más a las puertas del segundo gran apagón televisivo", concluye.
FUENTE :http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/15/actualidad/1339789602_790729.html
