Qué pasa con la libertad de expresión cuando una ley contra el odio permite ...

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En unas semanas se cumplirán tres años de la entrada en vigor del nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana en España, más conocida como ley mordaza. Una norma, esta última, que ha convertido faltas en infracciones administrativas sustituyendo a los jueces y juezas por las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de decidir sobre un hecho.

Según datos citados del Gobierno de España, fueron tres millones de infracciones las que salieron del control judicial. Desde que la norma está vigente, quien decide en primera instancia sobre una de estas infracciones es la policía. Como explicaba en su día el abogado Carlos Sánchez Almeida, "ante un juez se puede debatir si una determinada conducta está amparada por la ley", pero discutir un hecho con agentes policiales supondría "ser detenido por desobediencia".

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